El PP adopta el lenguaje de Vox para hablar de Ceuta

El Partido Popular ha elevado el tono sobre lo ocurrido en Ceuta hasta hacer suyo un término que durante años parecía reservado a Vox: «invasión». La dirección popular se desgañita por justificar esa palabra, convencida de que el debate migratorio se ha convertido en un terreno decisivo para movilizar a su electorado. La elección no es neutral. Se trata de un marco que activa emociones, desplaza la discusión sobre derechos y fronteras hacia el terreno de la seguridad y obliga al resto de actores a posicionarse. El PP lo utiliza siempre que considera que le renta, aunque en el pasado lo hubiera evitado.

Alberto Núñez Feijóo ha defendido que calificar de invasión el episodio no es una exageración, sino una forma de describir una presión migratoria que, a su juicio, el Gobierno no controla. Santiago Abascal ha ido más lejos y ha presentado a Ceuta como la prueba de una supuesta estrategia socialista para diluir fronteras. Ambos coinciden en señalar a Pedro Sánchez como responsable último de una situación que mezcla diplomacia, cooperación con Marruecos, acogida y control fronterizo. El lenguaje, por tanto, no solo describe: también ordena el campo de batalla político.

Feijóo y Abascal acusan a Sánchez de manipular el censo con la ley de nietos

En paralelo al pulso sobre Ceuta, Feijóo y Abascal han acusado al Gobierno de manipular el censo con la ley de nietos. Sostienen que la norma de memoria democrática está sirviendo para incorporar de forma acelerada a nuevos votantes que, en su relato, engrosarían las filas del electorado afín a la izquierda. La acusación es grave porque pone en cuestión la limpieza del sistema electoral y la independencia de los organismos que gestionan el censo. No se presenta como una simple discrepancia política, sino como una denuncia de manipulación institucional.

Pedro Sánchez ha respondido con dureza: les ha reprochado que quieran «cercenar» el derecho al voto. El presidente ha enmarcado la ofensiva de PP y Vox en una estrategia más amplia de restricción de derechos, que comenzaría con los migrantes, seguiría con los descendientes de exiliados y terminaría afectando a los residentes en el exterior. La discusión, por tanto, ya no se limita a la ley de nietos: alcanza al modelo de ciudadanía, a la relación con la diáspora y a la propia arquitectura del censo electoral.

Qué es la ley de nietos y por qué está en el centro del debate

La conocida como ley de nietos es la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022. Su objetivo es reparar la exclusión de quienes perdieron o renunciaron a la nacionalidad española por motivos políticos, ideológicos o de exilio. La norma permite que determinados hijos y nietos de españoles puedan solicitar la nacionalidad, amplía plazos y elimina requisitos que antes obligaban a renunciar a otra nacionalidad. No es, en sentido estricto, una ley electoral, pero su aplicación tiene efectos sobre el padrón, la nacionalidad y, en última instancia, sobre el censo.

• Reconoce el derecho a la nacionalidad para descendientes de exiliados y represaliados.
• Amplía el plazo de solicitud y flexibiliza las condiciones respecto a normas anteriores.
• Ha generado decenas de miles de expedientes, con especial incidencia en América Latina.
• Sus críticos sostienen que el Gobierno la utiliza para inflar el censo con nuevos votantes.
• Sus defensores subrayan que se trata de una reparación histórica y no de una operación partidista.

El punto central es que la nacionalidad no se concede de forma automática ni discrecional por el Gobierno. Los solicitantes deben acreditar vínculos, documentación y cumplir requisitos legales. Una vez obtenida la nacionalidad, la inscripción en el censo

Source: MSN News